El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que su Ejecutivo pretende impedir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y exige a las plataformas sistemas "reales" de verificación de edad. La medida apunta a la protección infantil, pero abre una tensión más profunda.
Para que la verificación sea real, las plataformas necesitarían apoyarse en nuevos sistemas de identidad digital. Eso implica que la mayoría de los usuarios, incluso adultos, deberían demostrar quiénes son para poder acceder. El riesgo no está en la intención, sino en la infraestructura que se crea: una vez normalizado el acceso condicionado por identidad, el modelo puede extenderse a contenidos, opiniones y trazabilidad de interacciones.
Proteger a los menores es necesario. Pero el debate de fondo no es técnico: es una discusión sobre poder político en la era digital. Las respuestas más duraderas tampoco suelen venir solo de las leyes. La educación y el acompañamiento familiar siguen siendo la primera línea.